Según informó la Fiscalía en 2016, quienes para la fecha fueran el comandante y subcomandante del Batallón de Alta Montaña número 2 ‘General Santos Gutiérrez’, ubicado en el municipio del Espino, al norte del departamento de Boyacá y al parecer habían reclamado el hidrocarburo avaluado en más de 123 millones de pesos y lo comercializaron en una estación de gasolina en Valle del Cauca.
“La Fiscalía Nacional, presentó ante un juez de control de garantías a los oficiales retirados del Ejército Nacional, coronel Jorge Armando Rodríguez Malaver y mayor José Weimar Agreda Romero, además del ex suboficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Jorge Andrés Sandino Rojas, y les imputó, de acuerdo a su responsabilidad, los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público”, señalo Lizeth Natalia Franco, directora de Fiscalías seccional Boyacá.
Según informó el ente acusador los hechos investigados están relacionados al posible apoderamiento por parte de los militares, de más de 23.000 galones de combustible que fueron donados en 2016 por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) al Batallón de Alta Montaña número 2 en la provincia Gutiérrez del departamento de Boyacá.
De igual manera, y de acuerdo con la investigación, la primera entrega del combustible por parte de la DIAN fue en octubre de 2016, la cual correspondía a 13.780 galones de ACPM, avaluados en 64 millones 545.520 pesos, que presuntamente fueron entregados en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) a Sandino Rojas quien fungía como suboficial de Acción Integral del Ejército, para que los trasladara a Boyacá.
Sin embargo, y según las investigaciones los dos oficiales retirados del Ejército habrían ordenado al suboficial llevar la carga de hidrocarburos a Tuluá (Valle del Cauca), donde aparentemente, fue comercializado en una estación de gasolina por 25 millones de pesos.
Una situación similar se habría registrado con 9.420 galones de gasolina y 266 galones de ACPM, por un valor total de 58 millones 624.893 pesos, que fueron aportados por la DIAN en noviembre de 2016 al mismo batallón, pero que presuntamente nunca llegaron a Boyacá, sino que, por el contrario, habrían sido comercializados de manera irregular en la misma estación de servicios en Valle del Cauca por 30 millones de pesos.
Además, en las verificaciones realizadas por los investigadores, se detectó que posiblemente, el mayor José Weimar Agreda Romero quién fuera el ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Alta Montana Número 2, habría conseguido una certificación falsificada para simular que el combustible donado había sido guardado en un depósito de la Estación de Servicio Tisquesusa ubicada al sur de la ciudad de Tunja, con el objetivo de presentarla en las revistas o auditorias de inspección que regularmente realizan funcionarios del Ejército.
Durante la audiencia concentrada los exuniformados no aceptaron los cargos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, endilgados por una fiscal adscrita a la Unidad de Administración Pública, de la Dirección Seccional Boyacá, pero continúan vinculados al proceso.