ierra de paz y de libertad. Así es como hoy se le conoce a Boyacá, justamente por ser el territorio donde se gestó la independencia de Colombia y por ser una de las regiones más tranquilas, quizás de las más alejadas de la violencia, y con una, sino la menor, tasa de homicidios en el país. Pero no siempre fue así, de hecho Boyacá es uno de los territorios que más enfrentamientos, luchas y batallas ha presenciado durante su existencia, por lo menos en su historia republicana.

Batalla de Boyacá

La más popular es la Batalla de Boyacá, pero esta es el desenlace de lo que fue una serie de luchas del ejército que tuvo a la cabeza a Simón Bolívar. La primera batalla y victoria del ejército libertador fue el conocido Combate de las Termópilas de Paya, que permitiría la toma del pueblo de Paya para posteriormente abrir camino hacia el Páramo de Pisba. En esta misma campaña libertadora se dio la Batalla de Gámeza en la cual tropas libertadoras y realistas se enfrentaron por segunda vez, ambas se adjudicaron el triunfo pero la posterior invasión de Tunja confirmaría el poderío y tenacidad del ejército libertador.

Luego vendría la Batalla del Pantano de Vargas, que probablemente haya sido la más sangrienta durante toda la gesta libertadora. Los hombres de Bolívar fueron emboscados y por poco pierden la batalla, pero fue allí cuando apareció el Coronel Juan José Rendón, que comandó al ejército libertador para atestar una de las derrotas más dolorosas para el teniente José María Barreiro y sus tropas realistas. Bolívar y sus hombres sabían de las intenciones de Barreiro de replegarse hasta Santafé para unir fuerzas con el virrey Juan de Sámano, por eso lo esperó astutamente desde el Alto de San Lázaro en Tunja. Desde allí monitoreó los movimientos del ejército realista en su llegada a Tunja. Luego se trasladó al Puente de Boyacá, donde dispuso a sus hombres para tender una emboscada a Barreiro y sus hombres. La batalla, al igual que la del Pantano de Vargas fue sangrienta, pero esta vez fueron las tropas realistas las que vieron mermadas sus fuerzas. Barreiro fue encarcelado y posteriormente ejecutado.

La guerra imaginaria

Pasaron 48 años de calma, desde la Batalla del Puente de Boyacá, empañados por la participación de la población boyacense en revueltas en Sogamoso y Tunja en el marco de las guerras civiles de 1851 y 1854. Sin embargo, visto como participación de Boyacá en una guerra, se necesitó esperar hasta 1867, época en la que José Santos Gutiérrez era el presidente del Estado de Boyacá en lo que entonces era conocido como los Estados Unidos de Colombia. Para ese entonces el Estado de Boyacá declaró la guerra a Bélgica por un fallido amorío de Santos Gutiérrez.

Años atrás, Santos Gutiérrez había viajado a territorio belga para realizar sus estudios en jurisprudencia en la Universidad de Lovaina. Allí Santos Gutiérrez conoció a Josefino, una belga esbelta, rubia y de ojos claros, de la cual quedaría perdidamente enamorado.

Josefina iba a corresponder dicho amor, así que terminaría planeando lo que sería su futura vida en los Estados Unidos de Colombia junto a Santos Gutiérrez. Pero su familia no vio con buenos ojos la idea de que ella se fuera a vivir a un terruño tropical y con tanta inestabilidad gubernamental.

Cuando el año 1863 llegaba a su fin, Santos Gutiérrez era electo como presidente del Estado de Boyacá. Ocupando dicho cargo decidió enviar una misiva al Reino de Bélgica, al cual declaraba la guerra por tan gravísima ofensa.

Decidió enviar una misiva al Reino de Bélgica, al cual declaraba la guerra por tan gravísima ofensa.

Pero la carta se extravió en el camino o quizás nunca llegó a su destino. El gobierno belga no se enteró, por lo menos durante los cien primeros años, que sostenía una guerra con alguien al otro lado del Océano Atlántico.

De hecho, los historiadores boyacenses no dan crédito a dicha historia, pues hoy no existe documento o prueba alguna de que dicha carta haya existido y haya sido enviada a por entonces gobierno de Bélgica.

Lo cierto es que el 29 de mayo de 1988 el por entonces embajador de Bélgica en Colombia, Willy Stevens, visitó Boyacá. Antes de su visita Stevens hizo un trabajo juicioso por conocer el territorio en el que iba a hacer presencia, encontrándose dicha historia, razón que lo llevó a firmar dicho día un armisticio con el entonces gobernador del departamento, Carlos Eduardo Vargas Rubiano.

Del agravio sufrido por Santos Gutiérrez no hay documentación alguna, pero del gesto noble y magnánimo de Stevens pueden dar fe los por entonces embajadores de Bolivia, Uruguay, Holanda, Marruecos, Líbano y China, que presenciaron la firma de esta acta que ponía fin a una guerra de la que pocos se enteraron.

El bandolerismo político

La década de los 30 en el siglo XXI marcó el inicio de la violencia interpartidista. Fueron 16 años de lo que se conoció como “República Liberal”, periodo de mando del Partido Liberal, lo que llevó a que la maquinaria política conservadora mutara en liberal, fenómeno que desató una fuerte oleada de violencia, conocida posteriormente como “primera violencia”, la cual tuvo una fuerte repercusión en Boyacá, que para dicha época tenía grandes mayorías conservadoras para nada dispuestas a dar su brazo en la hegemonía liberal.

Municipios de filiación conservadora como Soatá, Güicán, El Espino, Briceño, Saboyá y Chiquinquirá organizaron grupos de resistencia conservadora, que fueron conocidos en las regiones como “bandas armadas”, “fuerzas de choque” o “bandoleros conservadores”.

Un fenómeno como la “policía liberal” proliferó en municipios donde se registraba un mayor número de electores conservadores, lo que desató una gran oleada de violencia, destierro y terror en el departamento que hoy se precia de ser cuna de paz.

En el departamento se denunciaban persecuciones, atentados, saqueos, incendios, robos y demás conductas de alteración del orden público a las que nadie podía poner fin. Poco a poco las manifestaciones políticas fueron mutando a pequeñas batallas en las que militantes de los dos partidos pasaban la barrera del insulto y emprendían agresiones. Las zonas del departamento con mayor ausencia de Estado eran las que vivían con mayor severidad a oleada de violencia. Los habitantes de las Provincias de Occidente y Norte se acostumbraron a ver correr ríos de sangre, que vieron el surgir de diversas bandas al margen de la ley, a las que incluso recurrían cuando se encontraban bajo la amenaza de su opositor político.

Y si bien el Estado trató de poner fin a esta caótica situación de violencia que afectó a Boyacá y en general a todo el territorio nacional, los bandoleros de filiación conservadora percibieron dichas acciones como represión del liberalismo para adueñarse de las regiones, lo que aumentaría el número de bandoleros de dicho partido y sus acciones criminales. Posteriormente en la hegemonía conservadora, que se extendió hasta 1953, llegaría el momento de la venganza de los militantes del conservatismo, que iban a promover una oleada de violencia de mayores proporciones en contra de la población de filiación liberal. El grado de violencia fue tal que el gobernador José María Villareal estableció la política de eliminación a todos los liberales del departamento y homogenización política y electoral de Boyacá, lo que llevó a que la denominada “policía chulavita” fuera conformada por el personal más conservador, provniente en su mayoría de municipios como Chiquinquirá, Boavita y García Rovira en Santander. Fue una época de violencia y de terror que llevó a muchos campesinos de filiación liberal a huir a los llanos para luego unirse a la resistencia guerrillera liberal.  

Coscuez: La mina de la discordia en el occidente

Situada en San Pablo de Borbur, la mina de Coscuez es considerada la más importante en el mundo para la explotación de esmeraldas. Es una de las principales fuentes de empleo en la región y el motivo por el cual miles de habitantes de la región han perdido la vida en una de las guerras más sangrientas que se ha visto en territorio boyacense.

A mediados de los años sesenta comenzó la disputa por el control del millonario negocio de la explotación de las minas de esmeraldas. La familia de Efraín González Téllez en asocio con la familia de Humberto Ariza Ariza tomaron el control de la explotación esmeraldífera. Una vez que González Téllez murió, el control absoluto lo tuvo Humberto Ariza Ariza, un asesino consagrado.

Poco a poco Gilberto Molina, en compañía de un joven Víctor Carranza, se fue haciendo espacio en el negocio. También les acompañó Gonzalo Rodríguez Gacha, que luego, apoyado en su negocio del narcotráfico se convertiría en su principal enemigo.

La disputa por el control de las minas alcanzó su punto más álgido durante la década de 1980. Rodríguez Gacha no tenía contemplación alguna al momento de atentar contra sus rivales en la disputa por el control de tan fructífero negocio, y la respuesta no tardaba horas en aparecer. Era común por ese entonces ver como aparecían muertos  cadáveres en municipios como Muzo, Chiquinquirá, Borbur e incluso Somondoco, al otro lado del departamento. 

No se trataba exclusivamente de muertos, pues como consecuencia de la guerra verde proliferaron los huérfanos, las viudas y se acrecentó el fenómeno del desplazamiento forzado. Era común ver pequeños niños trabajando en las minas y a la vez actuando como los matones de bolsillo de los patrones de una u otra mina.

A mediados de la década de los noventa fue normal ver divida a la Provincia de Occidente en dos bandos. El primero conformado por los municipios de Otanche, San Pablo de Borbur, Pauna, Tununguá y Brieceno; contra Quípama, Muzo, Maripí, Buenavista y Coper.      

La muerte de Rodríguez Gacha trajo algo de tranquilidad a la región. La iglesia católica  intervino y por fin Víctor Carranza y Luis Murcia iniciaron diálogos para poner fin a una guerra que había dejado más de mil muertos para ese entonces, de un lado y del otro. Dicha paz terminó firmándose el 12 de julio de 1990, pero esta no garantizó el fin de la violencia en occidente.

Para el año 2005 iba a aparecer en la región un tal Yesid Nieto, que amparado en su fortuna producto del narcotráfico, trató de hacer realidad el sueño que alguna vez tuvo Rodríguez Gacha: Hacerse con el poder de la totalidad de las minas. Nieto contó de su lado con el paramilitarismo, sembrando una vez más el terror en la región y ocasionando de nuevo la muerte de los habitantes de la zona. Nieto fue asesinado en Guatemala en 2007, pero esto no significó el fin de la guerra verde, que si bien hoy no implica los miles de muertes que generó en un pasado, sigue siendo el detonante de atentados y asesinatos de gente de la región que sigue luchando por apoderarse del control de la minas.

La capital antisubversiva de Colombia

Boyacá cuenta con el deshonor de tener a la ‘capital antisubversiva de Colombia’, denominación que se le dio a Puerto Boyacá por ser un territorio estratégico del paramilitarismo.

1994 fue el año clave para el surgimiento de este fenómeno pues fue en ese año que Arnubio Triana Mahecha alias ‘Botalón’ llegó al municipio para convertirse en el jefe paramilitar de la zona.

Puerto Boyacá por su ubicación estratégica era un territorio codiciado por el paramilitarismo ya que servía como ruta del narcotráfico. Era el punto de escape para jefes paramilitares o para capos de la droga que trabajaban en asocio con las autodefensas, que en algún momento se veían arrinconados por las autoridades, e ingresaban a Puerto Boyacá a sabiendas de que todo el municipio estaba bajo su control.

A esto contribuyó la llegada de Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, que llegó al occidente de Boyacá por pedido de los empresarios de las esmeraldas que pedían de su presencia y la de sus hombres para mantener a las guerrillas lejanas a su territorio.

‘Botalón’ dejó la zona en 2006 cuando participó de la desmovilización promovida por el gobierno para poner fin el paramilitarismo. A su paso se cuentan más de cinco mil muertes en la zona, incluyendo mujeres, niños, docentes, campesinos y cualquier otro al que pudiera relacionarse con la subversión.

Sobre las amenazas a líderes sociales en Boyacá, la Comisión reconoce que le inquieta.

El comisionado para la región centro de la Comisión de la Verdad, Carlos Ospina, dijo que se han encontrado “cosas muy graves” en la región de Lengupá en Boyacá como las amenazas y despojo de tierras.

“Todavía se continúa con las amenazas, todavía hay desplazamiento de tierras y despojo de tierras y presencia de grupos armados la mayoría de narcotráfico y del ELN”, dijo Ospina.

En la provincia de Lengupá están ubicados los municipios de Berbeo, Campohermoso, Miraflores, Páez, San Eduardo y Zetaquira.

De los municipios afectados por las amenazas y el despojo de tierras, Ospina dijo que se mantiene la reserva de la información hasta tanto “se clasifiquen todos los hechos”.

Sobre las amenazas de líderes sociales, que según la Defensoría del Pueblo de Boyacá están sobre los 80 casos, el comisionado para la región centro agregó: “esas amenazas vienen de diferentes lados y nos inquietan”.

Dijo que de la región de Lengupá se ha recibido información del Cinep, las comunidades y de la Iglesia Católica.

La próxima gira de la Comisión de la Verdad se realizará en la región de la Libertad.

Fuente: W Radio.

25 millones de afectados manifestarán sus inconformidades exigiendo soluciones al Gobierno Nacional.

Las cifras para los cafeteros colombianos no han sido satisfactorias, sobretodo desde octubre de 2016 cuando el precio interno se establecía en 950 mil pesos, para terminar en 690 mil en mazo del año curso. Adicional a esto, los costos de producción pasaron de 650 mil en 2016 a 790 en 2019.

Evidentemente el costo de producción es mayor al precio de venta del café, sin embargo, aunque se cumplen 30 meses en la petición de una organización colombiana de naciones que dé sentido al mercado nacional, aún no hay solución alguna y los cafeteros continúan perdiendo entre 80 y 100 mil pesos por carga.

Siendo así la situación, los cafeteros pertenecientes a la Dignidad Campesina se manifestarán este 10 de Junio.

Fuente: Angie Sánchez – Portal Boyacá

A partir de la década de los 80 los municipios de Pajarito, San Eduardo y Páez fueron epicentro de fuertes confrontaciones armadas.

Dumar Fabian Lozano Vargas todavía recuerda como a finales de la década de los 90 los paramilitares amarraron a más de 20 o 30 personas a los postes de la luz, y allí los dejaron todo el día. “A los dueños de las tiendas les saqueaban la comida, (…) posterior a esos días los tenderos se iban a traer sus alimentos, lastimosamente no llegaban a la inspección”.

Lozano Vargas desde muy pequeño observó la guerra y hoy es el alcalde de su municipio: Páez, Boyacá. Dice que, en dicha zona, existen dos centros poblados: Sirasí y Ururía, en donde en uno tenía el poder el paramilitarismo y en el otro la guerrilla.

En el año de 1998 durante una incursión de las Farc murieron varios soldados y luego se refugiaron en el piedemonte llanero, “cuando se iba la guerrilla, llegan los paramilitares quienes los acusaban de tener relación con la insurgencia. Ambos grupos reclutaban”.

En la época, Páez tenía una población de 8000 habitantes, y en la actualidad cuenta con 3000, de ellos el 50 por ciento son víctimas de la violencia. “Tengo en mi mente muchos familiares, amigos que murieron en ese entonces”.

Después de tanto dolor y muerte, el alcalde Lozano Vargas, en medio de un auditorio repleto de estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Tunja asegura que el proceso de paz en el 2004 con los paramilitares los liberó de todo el paramilitarismo y después el acuerdo con la guerrilla consolidó la tranquilidad a su pueblo. “Hoy podemos decir que Páez es uno de los municipios que no tiene homicidios desde hace 5 años”.

• En Pajarito la Fuerza Pública tenía que cerrar la carretera a las 6 de la tarde

Otro relato de las historias que no se habían contado al país sobre el conflicto en Boyacá, es la que cuenta el alcalde de Pajarito, Inocencio Pérez quien confiesa: “Lamentablemente por la guerra no pude terminar siquiera el bachillerato”.

Después del desplazamiento Pérez buscó otros horizontes, se formó como líder para volver a su pueblo con el fin de ayudar en diferentes sectores, pero en su mente estaba presente sus amigos que se devoró el conflicto. “Fue muy triste ver como a los compañeritos de la época les mataron sus padres. Unos huyeron y otros se fueron en sed de venganza a los grupos ilegales y nunca volvieron”.

Era tan dura la guerra en su municipio que a las 6 de la tarde la Fuerza Pública tenía que cerrar la vía, la noche era peligrosa sobre todo en la zona limítrofe con Casanare. “Las personas de Pajarito no podían bajar hacía Aguazul porque allí estaban los paramilitares y en un sitio que le decían La Cascada se llevaban las personas y más nunca volvían”.

Narra que la violencia les arrebató el 50 por ciento de la población a Pajarito por el desplazamiento forzado y desapariciones; de 3000 habitantes que tenía el municipio se redujo a 1800, sin embargo, el alcalde cree en la educación es el arma para superar el miedo y la guerra.

– El asedio de los grupos ilegales la pesadilla de los niños en la década de los 90 en San Eduardo

La alcaldesa de San Eduardo, Boyacá, María Elisa Montañez Parra no olvida el día en que un guerrillero de las Farc le puso en la cabeza una pistola. “Había un pelado joven, y le dije: déjeme ir porque yo le estoy dando pecho a mi hijo. Me dijo: no, usted se queda aquí, y me puso un revolver en la cabeza, recuerdo el arma.

Pero la pesadilla de la alcaldesa Montañez Parra, comenzó tiempo atrás cuando de estudiante tenía que caminar hasta tres horas para poder ir al colegio, y en ese recorrido junto a sus compañeros tenían que sufrir el asedio de los ilegales que les pedían se uniera a sus filas.

“Unas compañeritas mías no sabemos si están muertas o vivas, se fueron”. La guerrilla asediaba todo el tiempo el municipio, tiraba granadas a la casa municipal, secuestraban y extorsionaban porque no había nadie que nos ayudara”, cuenta.

Un día la población se cansó de la guerrilla

La población civil cansada de tanto asedió se llenó de valor cogió pico y palas las mujeres, los hombres y el párroco les dijeron a las Farc no más, sin embargo, con el tiempo llegaron los paramilitares que después se enteraron a donde la guerrilla había visitado familias campesinas.

“Los paramilitares cometieron muchas atrocidades. Una familia completa en la vereda La Libertad, cuatro hermanos, de la forma más vil.  (…) Tengo una hermana menor a ella se la querían llevar, pero mi papá se llenó de valor y la llevó para que no se la reclutaran”, recuerda la alcaldesa.

María Elisa reconoce que los procesos de paz con los paramilitares y las Farc también trajeron mejores tiempos para su pueblo a pesar que de 4800 habitantes quedaron 1000. “Para nosotros llegar a la casita y poder dormir tranquilo no tienen nombre, para la gente del campo es algo muy valioso”.

Lo que más destaca la mandataria de San Eduardo de la implementación de los acuerdos de La Habana, es ver a guerrilleros graduados de bachilleres y otros son profesionales.

“Mil y mil veces es mejor verlos con un título de la academia y no con un fusil”, dice la alcaldesa mientras el auditorio de la Santo Tomás de Tunja aplaude.

Fuente: W Radio.

En total 25 puntos serán habilitados en la capital, en el mes de Octubre.

Teniendo en cuenta el número de personas habilitadas para votar y el propósito de agilizar los tiempos de votación, así como el proceso, se dispondrán de 8 mesas más de votación en Tunja.

Las elecciones que tendrán lugar en el mes de octubre, contará con 25 mesas de votación sólo en Tunja.
Nuevas mesas:

-Col. Gimnasio Gran Colombiano – Carrera 9 #16-21
-Institución Educativa Antonio José Sandoval Diagonal 66 #2E-36
-Universidad Santo Tomás – Calle 19 # 11-64
-Coliseo I.R.D.E.T – Carrera 2E #53
-Institución Educativa Silvino Rodríguez sede San Antonio – Calle 12 #3-33
-Institución Educativa Silvino Rodríguez sede Manzanares – Calle 17 D #1-25
-Normal Leonor Alvarez Pinzón – Calle 49 #9
-Coliseo Comfaboy – Carrera 1 #49.

Fuente: Angie Sánchez – PortalBoyacá

Las afectaciones más graves por los efectos de la ola invernal, tal como la creciente de los ríos, los movimientos en masa y los deslizamientos, se presentan en las provincias de Norte, Gutiérrez y Occidente de Boyacá.

Según el secretario de Infraestructura de Boyacá, Óscar Corredor, ocho puentes que están en riesgo de colapsar. “Más o menos 8 puentes pero ya le tenemos seguimiento a cada de uno de los puentes. Estamos haciendo unos procesos internos en la Gobernación de Boyacá para arreglar de manera inmediata”.

En la provincia de Norte, se presenta paso restringido en el sector El Empalme que comunica a los municipios de Guacamayas, Panqueba y El Espino.

Según el secretario de obras también se suspendió un reforzamiento que se venía haciendo al Puente Pinzón que comunica a los municipios de Soatá y La Uvita debido a la ola invernal ya que la vía alterna que se había planteado El Espino –Capitanejo se ha visto afectada.

En el occidente hay afectaciones sobre todo en unos puentes de acceso a varios municipios. “En el sitio denominado La Vega del Tigre que comunica a Maripi con Muzo donde tenemos una maquinaría de la Gobernación haciendo la protección del estribo para evitar el colapso del puente”.

En el punto de acceso a Coper, en el Puente sobre el río Cantino en donde hubo una afectación en uno de los estribos, también tenemos maquinaria de la Gobernación haciendo presencia y trabajando

Así mismo en el municipio de Buenavista en el sector denominado La Herradura también está en peligro la infraestructura del puente.

Fuente: W Radio.

En el marco de la celebración de la Semana Santa y con el fin de evitar enfermedades transmitidas por alimentos, la Secretaría de Salud hace un llamado a residentes y visitantes para que adquieran buenas prácticas a la hora de comercializar, transportar, comprar y consumir pescado.

El pescado y en general los mariscos son considerados alimentos de gran aprovechamiento nutricional y de alto riesgo, cuando no se garantiza su calidad e inocuidad.

La directora de Promoción y Prevención, Mónica María Londoño Forero, insiste a los compradores revisar que el pescado esté refrigerado, sin vísceras, sus ojos brillantes, transparentes, sin sustancias viscosas, nunca turbios ni hundidos; las branquias deben ser de color rosado a rojo intenso y las escamas deben estar bien unidas entre sí y libre de olores desagradables.

Los camarones y langostinos no deben presentar manchas negras; los calamares deben tener la piel lisa, suave y húmeda, sin manchas de sangre o extrañas.

Los productos enlatados y empacados al vacío, deben estar vigentes, por lo cual se debe verificar la fecha de vencimiento, que tenga registro sanitario y que las latas no estén rotas, golpeadas, sopladas ni oxidadas o alteradas en su empaque y rótulo.

Es importante que el vendedor cuente con la indumentaria adecuada como uniforme completo, tapabocas, gorro, delantal, uñas limpias, cortas y sin esmalte; sin uso de accesorios como joyas y no manipule dinero.

Es necesario tener en cuenta que, si una persona consume pescado y mariscos sin calidad e inocuidad, se expone a una enfermedad transmitida por alimentos e incluso corre el riesgo de morir.

Si presenta algunos de estos signos de alarma como fiebre elevada, sangre en las deposiciones, vómitos prolongados, deshidratación, disminución en la orina, sensación de mareo y enfermedad diarreica por más de tres días, ronchas en la piel, consulte al Centro de Salud más cercano.

Así lo pidió la mamá del menor tras conocer la sanción millonaria de la Supersalud a esa entidad.

Desde Sogamoso, Sandra Espinel madre del menor del bebé, que falleció el pasado 25 de agosto de 2018 en la Clínica Materno Infantil de Esimed en Bogotá, dijo entre lágrimas que la sanción de la Superintendencia Nacional de Salud con una multa de más de $2000 millones es poco por la negligencia en la que incurrieron los médicos al dejar caer a su hijo a la superficie caliente de la incubadora, ocasionándole quemaduras de primero y segundo grado en al menos el 40% de su cuerpo, razón por la cual tuvo que ser trasladado al Hospital de la Misericordia donde murió tres días después.

“Es poco para lo que se merecen, porque la vida de mi hijo vale mucho más. Con eso no van a sanar la tristeza y el vacío que tenemos” dijo desde Sogamoso, la madre del menor.

Pidió a la Fiscalía General de la Nación para que acelere la investigación para que los responsables paguen con cárcel. “Que los responsables paguen por ser negligentes por haber matado a mi bebé y que los responsables paguen con cárcel porque yo no los perdono”.

Es de recordar que dentro de los hallazgos de la Superintendencia a la Clínica Materno Infantil de Esimed, se encontró que una de las fallas durante la atención de este paciente, tuvo relación con una inadecuada aplicación de protocolos de confort en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y la tenencia de una incubadora dispuesta al servicio con elementos faltantes, los cuales, eran esenciales para la seguridad del menor.

Asimismo, se incurrió en falencias en los cuidados de enfermería, porque el paciente debía haber tenido los rollos o nidos, y el probable no uso de estos mecanismos de seguridad, los cuales debieron reportarse al área de mantenimiento, son conductas en las que presuntamente se incurre en fallas de ética profesional que serán trasladadas al Tribunal Ético de Enfermería.

Igualmente, se identificaron incumplimientos en el manejo de la historia clínica del menor, porque se venían haciendo notas de evolución retrospectivas, y no guardaban su orden cronológico, trasgrediendo la inmediatez que requiere el diligenciamiento de los registros clínicos conforme a la normatividad vigente.

A raíz del deslizamiento de tierra, que dejó 62 familias damnificadas en el municipio de San Eduardo, la Secretaría de Desarrollo Empresarial comenzó a trabajar con la Alcaldía y la Universidad Minuto de Dios en un diagnóstico que les permita conocer las necesidades de la población afectada y formular proyectos productivos para obtener ingresos económicos, pues la mayoría se dedicaban principalmente al cultivo de café y a la ganadería.

“Durante el fin de semana más de 20 personas de la Universidad Minuto de Dios, en cabeza del decano de la Facultad de Ingenierías Jhon Camilo Cifuentes y estudiantes de psicología desarrollaron el taller ‘Identificando Retos’, actividad que permitió conocer las prioridades de la comunidad, donde se identificó en primer lugar la urgencia de una vivienda, proyectos productivos, vinculación de la mujer y tener fincas más productivas. En ese orden de ideas vamos a trabajar de la mano con la Universidad y la Corporación Minuto de Dios y en ese trabajo conjunto definiremos cuáles van hacer esos proyectos, cuál es la vocación del territorio, teniendo como base la agricultura familiar y el cultivo de aromáticas”, explicó Sergio Tolosa, secretario de Desarrollo Empresarial.

Adicionalmente, el representante de la cartera indicó, que la Universidad Nacional de Colombia sacó un proyecto de piscicultura con la Uptc, con el que se beneficia a población damnificada y la idea es trabajar con 20 familias de San Eduardo.

Por su parte María Eugenia Bohórquez, una de las personas afectadas manifestó las necesidades que tienen y lo que esperan de gobierno municipal y departamental.

“Ojalá nos sigan apoyando a los que perdimos todo, con mejoramiento de vivienda y trabajo, que nos ayuden a abrir empresas y sacar nuestros productos para vivir bien”, manifestó Bohórquez.

Mientras tanto la alcaldesa de San Eduardo, María Elisa Montañez, reconoce el apoyo brindado por el Gobernador Carlos Amaya y el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y la gestión del Secretario de Desarrollo Empresarial, quien se contactó con la Universidad Minuto de Dios para trabajar articuladamente por el bienestar de los habitantes de esta población de la provincia de Lengupá.

“Vamos a sacar iniciativas de proyectos productivos para mejorar los ingresos de cada una de las familias, ya que muchos de ellos lo perdieron todo. Seguramente con la reunión de hoy vamos a comenzar a formular algunos proyectos en la parte productiva y de vivienda. Sabemos que una de las facultades de la Universidad Minuto de Dios trabaja con proyectos de agricultura familiar que podríamos aplicar aquí”, comentó la Alcaldesa de San Eduardo. 

Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo

Gobernación de Boyacá.

 

 

Un completo operativo que realizó la policía Metropolitana de Tunja, en la Cárcel de máxima seguridad de Combita, en el marco de la operación Erón, enfocada a través del grupo Gaula de la policía para hacer seguimiento al delito de extorsión, logró desarticular un grupo delicuencial que afectaba a la población Boyacense.

Y es que se viene dando este tipo de acciones en diferentes cárceles de la mano de unidades de la Fiscalía, del grupo de inteligencia, policía judicial y en el proceso se llegó a uno de los pabellones de la cárcel de Combita, donde se encuentran personas particularmente sindicadas de delitos relacionados con paramilitarismo yvínculos con la oficina de envigado.

En este operativo fueron incautados 16 celulares, 5 tarjetas sim card, 7 cuadernos con informaciones de potenciales víctimas con sus características y posibles montos a cobrar por la extorsión, además de cargadores de celulares, módem de Internet para conexión vía WiFi, manos libres, parlantes, rabio transmisor, teléfono portátil y 52 armas cortó punzantes, dentro de otros elementos.

Las víctimas identificadas en los cuadernos eran pequeños y medianos comerciantes de diferentes puntos del departamento de Boyacá, no sólo de la capital, amas de casa, agricultores, estudiantes, ganaderos, transportadores y pequeños empresarios de regiones del departamento.

La comandante de la policía metropolitana de Tunja, coronel María Emma Caro, aseguró que fue importante el trabajo que se realizó a partir de Interceptaciones telefónicas, entrevistas, del cruce de información y de todo un rastreo a través de la página web que los encargados de las extorsiones utilizan para realizar el contacto con las potenciales víctimas.

«Fue un trabajo silencioso, de largo aliento, que se venía desarrollando hace varios meses para esta primera fase, una de las varias que vienen de ahora en adelante, porque es un trabajo integral, con todas las autoridades en la jurisdicción», concluyó la coronel Caro.

Fuente: Caracol Radio.