Invalidan autorización al alcalde de Paya para otorgar subsidios familiares de vivienda.

La autorización para la ejecución de programas de vivienda debía precisar de manera clara las facultades otorgadas en materia de reglamentación de uso de suelos y ordenamiento territorial.

El Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la invalidez del artículo cuarto del Acuerdo No 007 del 25 de mayo del 2021 expedido por el Concejo municipal de Paya, por medio del cual ‘Se adopta la política pública de vivienda de interés social, facilitando la formalización de la propiedad, el acceso a la vivienda digna y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes en el municipio de Paya – Boyacá, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones’.

Como consecuencia de la declaración de invalidez del artículo cuarto del Acuerdo No. 007 del 25 de mayo de 2021, quedan sin efectos en lo pertinente los actos administrativos que hubieren desarrollado directamente la autorización contenida en esa disposición del referido acuerdo.

El artículo cuarto del acuerdo examinado autorizó al alcalde de Paya para ejecutar los programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal vigencia 2020-2023, lo cual hace parte de sus facultades.

“Sin embargo, esa autorización extraordinaria no debió enfocarse únicamente en el otorgamiento de subsidios familiares de vivienda, sino, además, en la reglamentación del uso de suelos dentro de los límites que fije la ley y en la vigilancia y control de las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda siguiendo lo reglado en la Ley 388 de 1997, máxime cuando la política pública de vivienda de interés social del municipio está en proceso de consolidación. Por tanto, hubo un desconocimiento de las atribuciones constitucionales en cabeza de la corporación edilicia”, indicó la Gobernación de Boyacá en la demanda del citado acuerdo municipal.

Agregó que, tal tipo de autorización otorgada hasta el 31 de diciembre del 2023 desconoce su carácter temporal, ya sea a la vigencia presupuestal 2021 o de seis meses al tenor del numeral 10 del artículo 150 Constitucional. Y, que la autorización dada al ejecutivo municipal para otorgar subsidio familiar de vivienda en sus diferentes modalidades, acorde con el Decreto 1533 del 2019, debía enfocarse en el porcentaje del suelo que debía destinarse al desarrollo de programas de vivienda de interés social, las zonas o áreas destinadas para este tipo de viviendas conforme con su uso, y la necesidad de declarar de utilidad pública los inmuebles correspondientes, aspectos que fueron eludidos, así como la normativa contenida en el artículo 18 de la Ley 388 de 1997.

El análisis que realizó el Tribunal

Al abordar los cargos de ilegalidad, el Tribunal Administrativo de Boyacá reiteró que la autorización al alcalde municipal para el ejercicio de facultades propias de la corporación popular debe estar precedida por el cumplimiento de tres requisitos relacionados con la fijación de límites de carácter temporal, funcionales y de precisión, pues tales autorizaciones deben ser pro tempore, deben expedirse sobre funciones que sean de competencia de los concejos municipales y deben caracterizarse por su absoluta precisión.

En tal sentido, analizó la Sala de Decisión el cumplimiento de estos requisitos encontrando que, frente al ámbito temporal, el artículo demandado observó pleno cumplimiento del mismo, pues la corporación popular limitó temporalmente el ejercicio de las facultades concedidas y no era cierto, como lo afirmó la entidad accionante, que la autorización solo pudiera darse por seis meses en los términos de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, pues tal norma es aplicable al ejercicio de la facultad extraordinaria que el Congreso de la República otorga al presidente para expedir decretos con fuerza de ley, y por lo mismo no es una norma aplicable a los concejos municipales.

Sin embargo, en lo relacionado con los requisitos de límites funcionales y de precisión, la corporación judicial encontró que la norma acusada no se ajustaba a los requerimientos legales en tanto que, por un lado, la autorización concedida al alcalde no se pronunció frente a la reglamentación del uso del suelo y de control y vigilancia de los asuntos relacionados con vivienda y hábitat, disposiciones que eran necesarias para garantizar la adecuada ejecución de los proyectos de vivienda autorizados, y por el otro, la norma indicó que la autorización debía ajustarse a las normas vigentes sobre ordenamiento territorial, estableciendo con ello una facultad amplia y abstracta sobre los aspectos atinentes al uso del suelo y al ordenamiento territorial.

Por todo lo anterior, el Tribunal Administrativo de Boyacá acogió los cargos de ilegalidad propuestos por la entidad demandante y decidió declarar la invalidez del artículo cuarto del acuerdo municipal demandado.

Fuente: Boyacá 7 dias

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