Consejo de Estado ordena al Minhacienda destinar más de 138.000 millones de pesos para nueve municipios de Boyacá.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata decidiendo el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia ordena a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público que incluya en el presupuesto general de la Nación, para la próxima vigencia fiscal, una partida presupuestal equivalente a $138.236’513.444 de pesos.

La cifra debe ir destinada a la realización efectiva de proyectos de inversión de desarrollo en los municipios de Chivor, Santa María, Macanal, Almeida, Somondoco, Garagoa, San Luis de Gaceno, Miraflores, y Sutatenza, del departamento de Boyacá y Ubalá, del departamento de Cundinamarca.

“Dichos proyectos no necesariamente deberán beneficiar a tales municipios en idéntica y matemática proporción, sino en consideración razonada de la importancia de la Central Hidroeléctrica de Chivor en cada uno de ellos, debido, entre otros aspectos, a la extensión de la empresa en el territorio de cada municipio y al impacto de la misma en la vida local”, se puede leer en el resuelve del fallo de 36 páginas.

El 5 de julio de 2011 Wilson Alexander Calderón Roa, en ejercicio de la acción popular, prevista en el artículo 88 de la Constitución, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Nación – Ministerio de Minas y Energía e Isagén S.A. E.S.P. para que se protegieran los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, violados, a su juicio, por la enajenación de la Central Hidroeléctrica Chivor, sin el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 226 de 1995.

La acción solicita que se declarara que la enajenación de la Central Hidroeléctrica de Chivor, de propiedad de Isagén E.S.P., constituyó una privatización de la propiedad estatal y, por lo tanto, el 10% del valor de la venta debió invertirse en proyectos de desarrollo de la zona de influencia de la hidroeléctrica.

El tribunal de primera instancia vinculó al Invías, al Departamento Nacional de Planeación, al departamento de Boyacá y a los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María, Macanal, Almeida, Chivor, Guateque y Garagoa, Ubalá, Somondoco, Sutatenza y Miraflores como terceros interesados.

Y en el fallo del pasado 4 de julio firmado por los magistrados Fredy Ibarra y Alberto Montaña, con salvamento de voto de Martín Bermúdez, decidieron confirmar parcialmente la Sentencia de del 8 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá que declaró la violación de los derechos o intereses colectivos a la moralidad administrativa y a la protección del patrimonio público pero, únicamente, en lo que respecta a la vulneración del derecho o interés colectivo a la defensa del patrimonio público.

“Por consiguiente, la parte resolutiva de la sentencia será la siguiente: Primero: DECLARAR que el derecho o interés a la defensa del patrimonio público fue vulnerado por la omisión en la que incurrió la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 226 de 1995”, dice el documento de 36 páginas.

Y además ordena la conformación de un comité para la verificación del cumplimiento de esta sentencia. Dicho comité estará integrado por el accionante, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante de la Procuraduría General de la Nación, un representante de la Defensoría del Pueblo, un representante del departamento de Boyacá y un representante de los municipios de Chivor, Santa María, Macanal, Almeida, Somondoco, Garagoa, San Luis de Gaceno, Miraflores, y Sutatenza, del Departamento de Boyacá y Ubalá, del Departamento de Cundinamarca.

Además dispone que la definición de las inversiones de desarrollo en la zona de influencia de la Central Hidroeléctrica de Chivor, conformada por los municipios indicados deberán ser coordinadas con los municipios beneficiarios, mediante la intermediación institucional del departamento de Boyacá, en virtud de su función constitucional de coordinación intermunicipal y de intermediación entre la Nación y las entidades territoriales.

Y finalmente condena “a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – al pago de las costas procesales, en los siguientes términos: los gastos o expensas procesales deberán ser liquidados secretarialmente, por el Tribunal de primera instancia; por concepto de agencias en derecho, se condenará al pago, en favor del accionante, de 6 SMLMV”, dice. El próximo lunes en la Gobernación se adelantará una reunión entre el Gobernador y los alcaldes de los municipios mencionados en el fallo. “Nosotros como lo dice el fallo seremos el puente entre la nación y los alcaldes”, dijo el gobernador Ramiro Barragán.

Fuente:Boyaca7días

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