A la altura del municipio de Sáchica (Boyacá), sobre la vía Tunja-Villa de Leyva-Chiquinquirá, se presentó un fuerte derrumbe provocado por una falla geológicaque atraviesa la montaña.

Las rocas y tierra que colapsaron, tienen obstruidos al menos 5 metros de la carretera, a la altura del Km 46+600, razón por la cual se obligó al cierre total de la vía nacional.

“La vía está cerrada desde hace al menos 8 horas desde las horas de la noche del miércoles 6 de febrero. En el sitio de la emergencia se encuentra personal de la Seccional de Tránsito y Transporte Boyacá coordinando el manejo de tráfico, y de igual manera se le informó al INVIAS para los trabajos de remoción de la tierra, pero en la noche se suspendieron por seguridad de los trabajadores de esta entidad, y se retomarán en las horas de la mañana del jueves 7 de febrero, allí se buscará la agilidad de los trabajos para la habilitación de la vía lo más pronto posible”, sostuvo en Caracol Radio el comandante de la policía de tránsito y transporte de Boyacá, el capitán FabiánÁlvarez.

La vía alterna recomendada por las autoridades, es la que carretera Arcabuco-Gachantivá-Villa de Leyva-Chiquinquirá.

Consternados se encuentran en departamento de Boyacá por el hecho que aparentemente se motivó por intolerancia de un uniformado, ante una presunta conducta irregular de un ciudadano.

Este jueves se conoció el nombre de la nueva comandante de la estación de policía de Siachoque, la Subteniente Linda Yesenia Díaz Zuluaga, al servicio de la policía metropolitana de Tunja.

Pero el relevo tuvo un escándalo de fondo, relacionado con el abuso de poder del comandante anterior de dicha estación policial: el subteniente Sebastián Lasso,quien fue removido de su cargo, por haber golpeado brutalmente a un ciudadano identificado como Mesías Fora Vargas, quien se recupera de contusión de tórax, traumatismo de páncreas y varios tipos de traumatismos en abdomen de la región lumbosacra y de la pelvis, en el Hospital san Rafael de Tunja.

La comandante de la policía metropolitana de Tunja, coronel María Ema Caro,asegura que se hizo apertura de investigación contra el uniformado agresor.

“Hice el relevo para garantizar que el proceso investigativo avance transparentemente. Soy la primera en defender los derechos y que se cumplan las normas. Ningún policía puede trasgredir los lineamientos y el respeto que tenemos hacia los ciudadanos, porque ese es nuestro deber que nos asiste como funcionarios públicos”, explicó la coronel Caro.

Agregó que “tenemos versiones encontradas alrededor del caso, y por eso las unidades de control interno disciplinario y la inspección general delegada de la región número uno de la institución, se encargarán de dar las responsabilidades disciplinarias o penales a que haya lugar. Incluso le pedimos a la familia de la víctima, qué instauren y formalicen la denuncia necesaria para que haya justicia en este caso. Sin embargo , ya se dio apertura de la investigación, y esperamos surta efecto lo más pronto posible”.

La brutal golpiza del uniformado, se habría motivado porque supuestamente, el comandante Lasso no habría tolerado que el ciudadano de 36 años se hubiese pasado por alto la autoridad, al quitar unos conos que la policía habría dispuesto en medio de un puesto de control en el municipio.

Tras la presunta conducta del ciudadano, lo habían conducido a la estación de la policía mencionada, y le habrían propinado las graves agresiones con puños, patadas y con elementos propios de represión de la policía.

Las autoridades investigan si en este caso de abuso de las funciones públicas, también habrían participado otros uniformados, patrulleros adscritos a la estación de policia de Siachoque.

Fuente: Caracol Radio.

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Jaime Alberto Leal Afanador, y por 11 años a la exdirectora ejecutiva de la sede ubicada en La Florida (Estados Unidos), y a su vez, vicerrectora de Relaciones Internacionales para el año 2014 (E), Socorro Magdalena Pinzón Pulido, por incumplir el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses.

Así mismo, determinó a través del material probatorio, que el rector y presidente de la Junta Directiva de la UNAD en La Florida, solicitó al cuerpo colegiado la aprobación de un auxilio educativo por valor de $8.427,78 USD para que Germán Posada Pinzón, hijo de la entonces directora ejecutiva, adelantara estudios en la Universidad de Harvard.

La conducta del rector se calificó como falta gravísima con culpa gravísima para el primer cargo, y como falta grave con culpa grave para el segundo cargo.

Respecto a Pinzón Pulido, la Procuraduría comprobó, en primer lugar, que percibió doble remuneración del erario público, al fungir como directora ejecutiva de la UNAD en Florida y, a su vez, como encargada de las funciones de vicerrectora de Relaciones Internacionales de la misma universidad, no obstante haberse indicado en la Resolución 6086 del 10 de diciembre de 2012, que no percibiría asignación salarial por su desempeño en este cargo.
Para el Ministerio Público, pesar de que la disciplinada devolvió las sumas recibidas, tras la solicitud de la de la institución de educación superior, esta circunstancia no la eximió de vulnerar lo establecido legalmente.
En segundo lugar se evidenció que la entonces directora ejecutiva contrató, por interpuesta persona, a su hijo Germán Posada Pinzón, como empleado de la sede de la universidad en La Florida (Estados Unidos de América), en el cargo de gerente de desarrollo, con quien tenía parentesco en primer grado de consanguinidad.
Las faltas de la exfuncionaria fueron consideradas provisionalmente como grave y gravísima a título de dolo.
Entre las normas vulneradas se citó el artículo 355 de la Constitución y el artículo 273 de la Ley 5ª de 1992, que prohíben decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.
Así mismo se transgredió el artículo 128 de la Constitución Política que establece: que “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Contra esta decisión procede el recurso de apelación que será resuelto por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

Autoridades de Duitama adelantan trabajo para combatir una problemática a nivel nacional y que también toca a la perla de Boyacá, la llegada de ciudadanos venezolanos sin la documentación requerida y que además son actores de diferentes delitos en territorio colombiano.

Y es que de acuerdo con la normatividad dada por migración Colombia, los ciudadanos extranjeros que no cumplan con las leyes del país deben ser expulsados.

El primer proceso se llevó a cabo con la solicitud de expulsión de 6 ciudadanos venezolanos que presentan incumplimiento al derecho penal que presentan delitos ante la fiscalía general de la nación, como violencia intrafamiliar, lesiones personales y hurto.

En segundo lugar se entregó información sobre 30 ciudadanos venezolanos que infringieron las normas dictadas por el código de policía y están en proceso de verificación de datos ante su país por parte de Migración Colombia.

“De la mano de la policía desarrollamos operativos en toda la ciudad en los que estamos verificando incumplimientos del código de policía, a través de los cuales hemos podido identificar ventas ambulantes, porte de armas blancas y el porte de algunos celulares que han sido reportados o que no han ingresado al país de manera legal y se procede a la realización del respectivo comparendo”, explicó Esneider Cárdenas, secretario de gobierno de Duitama.

Cárdenas dio a conocer a Caracol Radio, que la iniciativa se da por parte de la administración municipal y la policía de la ciudad, para encontrar a quienes incumplen la norma colombiana además de quienes han ingresado al país de manera irregular y ponerlo de conocimiento a migración Colombia.

“Con estos operativos aportamos para que el trabajo de migración Colombia sea mucho más fácil, toda vez que no estamos esperando a que Migración venga a nuestro territorio a desarrollar el trabajo, sino que adelantamos la información, la ponemos a su disposición y así pueden continuar el proceso administrativo para expulsión o deportación de los ciudadanos venezolanos, según sea el caso”, manifestó el secretario de gobierno de Duitama.

A través de estos operativos esta población ha disminuido en la ciudad, muchos vuelven a su ciudad de origen, otros se desplazan a otros puntos del territorio colombiano.

“Estamos cumpliendo con la norma migratoria en la ciudad de Duitama”, concluyó Esneider Cárdenas.

Fuente: Caracol Radio.

Las autoridades quieren blindar a esta región del país de cualquier evento violento contra los líderes sociales y comunales, quienes a su vez están preocupados porque su labor necesita un acompañamiento más sólido, cuando hacen trabajo en campo o delicadas denuncias.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Boyacá, en su informe de riesgospara esta población, los grupos armados ilegales como la guerrilla del ELN, grupos que se identifican como Bacrim, y otros que están por reconocer, son los que tienen amenazados a líderes sociales que habitan al menos el 30% del territorio boyacense, en alrededor de 40 municipios del departamento, ubicados en las provincias de Norte, Occidente, Gutiérrez, Sugamuxi y la Libertad.

El comandante de la policía del departamento de Boyacá, coronel Carlos Fernando Triana, aseguró en diálogo con Caracol Radio que “tenemos un total de 36 personas con un significativo grado de vulnerabilidad y riesgo, que están siendo monitoreados de forma prioritaria con apoyo interagencial, se generaron una serie de protocolos de comunicación a la hora de los desplazamientos necesarios para la labor social y comunal de estas personas”.

Agregó que “con tecnología nos apoyamos muy bien para proteger mejor a nuestros líderes, es el caso de los botones de pánico que usan algunos, dentro de otras herramientas, suministrados por la unidad nacional de protección, pero lo más importante que hemos trazado en nuestra hoja de ruta para proteger a estas personas, es el apoyo de la red ciudadana”.

Mencionó que si hay un trabajo mancomunado entre la comunidad y las autoridades, es más fácil ir en contra de los violentos: “todos estamos en sintonía para informar de manera oportuna a las autoridades cualquier situación de inseguridad o riesgo.

Sostuvo que «buscamos que nuestra atención sea mucho más efectiva y rápida ante cualquier solicitud de dicha población, y ampliaremos las rondas policiales en los sitios concurridos por las personas con alta vulnerabilidad. De otro lado, hacemos un llamada también al autocuidado, porque eso también hace parte del plan integral de seguridad”.

Los municipios que reportan más lideres con alto riesgo o vulnerabilidad, son Pisba, Paya Labranzagrande, Aquitania, Muzo, Otanche, Chiquinquirá, Duitama, Sogamoso, Soata, El Espino, Socotá, Socha, Paz del Rio entre otros.

Los líderes sociales del departamento de Boyacá sostuvieron una reunión con la policía del departamento de Boyacá, la cual citó a dicho encuentro en Chiquinquirá (Boyacá), donde organizaron las tareas y la hoja de ruta efectiva en contra de la violencia y las amenazas contra los líderes del departamento.

Fuente: Caracol Radio.